La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, adhirió al comunicado del Consejo Federal de Derechos Humanos respecto a la detención de Milagro Sala, que lleva detenida 11 meses en la provincia de Jujuy.
Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno nacional la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru. La Corte calificó su detención preventiva como «arbitraria llamando a su liberación inmediata».
La CIDH recordó que también el Mercosur y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hicieron un llamado al Estado argentino a tomar acciones para liberarla. El Secretario General destacó que la institución que lidera tiene «el más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y públicos, a la libertad de expresión, así como a las garantías del debido proceso», por lo que pidió «su inmediata liberación».
El organismo también reafirmó que «en su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la base para la regla general de que ‘toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad’. La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva».
«Considerando el mandato y la decisión del Grupo de Trabajo y la necesidad de que los Estados actúen para asegurar que las recomendaciones de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos sean puestas en práctica, la CIDH expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo».
La detención de la parlamentaria del Mercosur, también fue cuestionada en otro organismo de la ONU, la CEDAW, reunida hace dos meses en Suiza. Una de las integrantes de ese organismo, le preguntó a la representante del gobierno argentino, la presidenta del Consejo de la Mujer, Fabiana Túñez, por la situación de Milagro Sala, expresándose por su puesta en libertad.
En este contexto, resulta inadmisible que se planté una consulta popular para decidir sobre su liberación o no, puesto que en un Estado de derecho se establece taxativamente que es el Poder Judicial quién debe hacerlo, según normativa interna e internacional a la que adhirió la Argentina como parte del Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
