A través de una recomendación dirigida al Ministerio de Educación de la Nación y al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche solicita que se evalúe la posibilidad de otorgar becas o modalidad similar destinado al alumnado de establecimientos educativos de gestión privada y/o grupos familiares de los alumnados, cuyas economías se han visto drásticamente modificadas por el contexto de pandemia y que advierten riesgos para su continuidad en dichas instituciones.
Cabe resaltar que la recomendación presentada -el 14 de septiembre- surgió a partir de problemáticas expuestas por madres y padres del alumnado, quienes manifestaron dificultades y mora en el pago de los aranceles en el contexto de pandemia por Covid-19. “La actividad económica en general se vio drásticamente paralizada impactando de forma directa en los ingresos de muchas familias que comenzaron a experimentar las imposibilidades de continuar afrontando los gastos corrientes del mismo modo que en un escenario de actividades “normales”. Es por ello que, desde el mes de abril, nos han contactado familias de alumnos y alumnas pertenecientes a escuelas privadas con inconvenientes para afrontar el pago íntegro de las cuotas mensuales y con serias inquietudes ante posibles crecimientos de deudas que pudieran tornarse de imposible cumplimiento”, indicó la Defensora del Pueblo de Bariloche, Dra. Beatriz Oñate, quien además explicó que, ante los requerimientos, “se advirtió con preocupación que el sistema educativo en la ciudad, en caso de que existiera un traspaso de matrícula al ámbito público, se vería imposibilitado de contar con una estructura adecuada para contener en el ámbito de la enseñanza pública al alumnado que acude a escuelas privadas. Por lo tanto, resulta indispensable el diseño de medidas alternativas que procuren sostener las trayectorias y propuestas educativas ante el escenario actual”.
La Defensoría del Pueblo de Bariloche viene tomando intervención, tanto en casos particulares, como así también en el diseño macro de gestiones, buscando canalizar soluciones en diversos espacios (reuniones virtuales, etc.) con autoridades escolares, provinciales, nacionales y familias, a fin de poder alcanzar acuerdos que permitan sostener el funcionamiento de las instituciones y garantizar la continuidad de la propuesta pedagógica para los alumnos y las alumnas. Cabe mencionar que la solicitud se fundamentó conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Educación y las características del sistema educativo argentino que abarca la gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, de los distintos niveles, ciclos y modalidades. En esa misma línea, la Dra. Oñate aseguró: “hablamos de educación como una prioridad nacional que se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, igualitaria, que acentúe el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
Por otra parte, al realizar un análisis en proyección, la Dra. Oñate advirtió que el problema podría profundizarse de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2021, dado que “al tomar contacto con la situación que experimentan las familias de escuelas privadas, ellas indicaron que algunas instituciones han realizado propuestas condicionando la confirmación de la vacante para el año próximo a la total cancelación de los importes en concepto de matrículas. En el contexto económico actual, y en una ciudad cuya principal actividad económica se encuentra completamente suspendida, debemos tomar en consideración que a las deudas por cuotas vencidas se deberá adicionar el pago de matrículas, generando así un volumen de deuda muy elevado para muchas economías familiares, a la vez que se agudiza la incertidumbre que manifiesta una importante cantidad de padres al no poder hacer frente a sus obligaciones”.
