La Defensora del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna, y Defensores y Defensoras del Pueblo de distintos lugares del país, mantuvieron un encuentro con el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el objeto de ponerlo en conocimiento del impacto de los aumentos de tarifas de gas y electricidad en el país.
El funcionario nacional no dio respuestas concretas sino que prometió evaluar los reclamos y tener un nuevo encuentro en uno o dos meses, al tiempo que derivó algunos planteos al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, a cargo de Carolina Stanley y del gabinete.
Se solicitó al Ministero que se realicen audiencias públicas, tal como está previsto en el artículo 42 de la Constitución, para que la sociedad conozca cuál es el cuadro tarifario. También, la revisión de ese cuadro; la ampliación de la tarifa social; criterios unificados para acceder a ella; situación de las Pymes y entidades de bien público: Por otra parte se planteó la regularización del ENERGAS, que está intervenido, y la posibilidad de que cuente con representación federal.
Los defensores/as de todo el país se reunieron con Aranguren para entregarle un petitorio donde figuran sus reclamos por escrito, documento que el funcionario prometió estudiar, según explicaron.
Andrea Galaverna comentó que en Bariloche «la situación es muy complicada, ya que hay un sector que podrá acceder a la tarifa social y mucha gente que va a quedar afuera. Además falta información y la que hay no es certera, necesitamos que se unifiquen los criterios para que todos podamos acceder”. La Defensora local expuso problemáticas específicas de la ciudad como el abastecimiento de garrafas y los problemas de distribución; también se refirió a la problemática que afrontan los inquilinos quienes no pueden acceder a tarifa social y a los derechos que se afectan con las medidas tomadas por la cartera de Energía.
Aranguren respondió sobre las tarifas sociales de electricidad aumentaron un 23% de febrero a la fecha y un 27% en caso del gas. Sobre los recursos de amparo repitiói que el Estado Nacional decidió solicitar un per saltum para que resuelva la Corte Suprema. En relación a las audiencias públicas, aseguró que se realizarán dos antes de fin de año a fin de revisar la tarifa.
En relación a clubes de barrio, afirmó que se está trabajkando en la reglamentación de la Ley 27. 218.
El tema de garrafas sociales, afirmó, se estudia la revisión del programa y admitió que se trata de un sistema de difícil control.
Al finalizar la reunión, se estableció un nuevo encuentro con quién esté a cargo de dicha cartera para evaluar si fue posible dar respuestas a llos planteos que quedaron registrados en la jornada de ayer.
