El pasado miércoles por la tarde, la Defensora del Pueblo Analía Woloszczuk, participó y presentó dos propuestas, en el Concejo Municipal en las Audiencias públicas de Presupuesto y Fiscal y Tarifaria 2023. Ambas con perspectiva de derechos humanos y ambientales. La primera con el eje en la revisión de gastos tributarios y la segunda por el cobro de tasas con perspectiva de género y dio recomendaciones sobre la creación de la categoría de inmueble presuntamente edificado.
En la primera audiencia sobre Presupuesto 2023, comenzó su exposición con un breve marco teórico, para entender conceptos básicos que hacen a Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, para luego tomar de referencia el presupuesto Nacional, que incorporaba por primera vez un anexo para la REVISIÓN DE GASTOS TRIBUTARIOS, en pos de “robustecer los recursos del sector público y contar con mayor financiamiento para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias” (ACIJ). A modo de resumen:
Para que los gastos tributarios sean justos y no generen privilegios, el Estado debe:
- Garantizar que tengan enfoque de derechos humanos y de género.
- Debatirlos en profundidad y revisarlos a través de procesos transparentes, participativos y basados en evidencia.
- Publicar información actualizada, oportuna y detallada sobre los costos, beneficios esperados y beneficiarios.
- Institucionalizar la realización de evaluaciones de impacto.
- Eliminar aquellos que no tengan justificación o sean inequitativos.
Con estas premisas, la Defensora del Pueblo de Bariloche instó a que se discuta el proyecto en las Comisiones del Concejo Municipal.
En la segunda audiencia pública, referida a la Fiscal y Tarifaria 2023, el eje principal estuvo puesto fuertemente en la PERSPECTIVA DE GÉNERO. Investigaciones acompañadas de estudios feministas independientes como la ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- donde los datos relevantes dieron cuenta que los impuestos y porcentajes desiguales en el cobro de tasas, aseguran que hay un sesgo de género.
Planteando que los impuestos regresivos (IVA) responden a un 44% mientras que los progresivos (bienes personales y ganancias) a un 35,7% y otros impuestos al 20.3%, puede afirmarse que el sistema tributario es regresivo y no contempla la paridad de género. Esto es así porque los datos indican que 7 de cada 10 personas del grupo poblacional más pobre, son mujeres. Lo que define una FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA. Entretanto de las 10.000 personas que pagaron el impuesto a la riqueza el 74% son varones. En consecuencia puede afirmarse que estamos frente a la MASCULINIZACIÓN DE LA RIQUEZA.
En relación al tema, Woloszczuk enfatizó en el mismo sentido que la economista Candelaria Botto, que “Es urgente pensar en una reforma fiscal, que dé por resultado una mayor progresividad en la recaudación impositiva, y en programas que busquen achicar las brechas de género que se profundizaron con la pandemia.” Poniendo de manifiesto estos datos, se puede explicar por qué el nivel de cumplimiento de la población de las tasas es bajo: las cargas tributarias que soporta la población la dejan sin recursos económicos para su vida cotidiana.
Por último, la Defensora dejó planteada la propuesta a las y los concejales presentes que a la hora de analizar la nueva propuesta que incorpora el Art. 103 inc b) de la Ordenanza Fiscal denominada Inmueble presuntamente edificado, se tuvieran en cuenta tres puntos importantes: 1) que se dé amplia difusión a creación de dicha categoría; 2) que se soliciten de datos de cuáles son las zonas que tienen mayor cantidad de inmuebles con las características que detalla el inciso y 3) que se tenga presente que las personas que quieran regularizar su situación deberán sumar un costo más a su presupuesto ya que la finalización de una obra suma costos de servicios profesionales.
En las Audiencias públicas, estuvieron presentes, vecinos y vecinas con sus hijos e hijas de Bariloche, funcionarios,funcionarias públicas, concejales y autoridades municipales. La Defensora felicitó el trabajo de los y las trabajadoras de la Secretaría de Hacienda, del Concejo Municipal y de la Asociación Alas de Águila que interpretó en lengua de señas ambas audiencias públicas. La interpretación en LSA se hizo dando cumplimiento a la Ordenanza 3270-CM-21 “INTÉRPRETE, SERVICIO Y ATENCIÓN EN LENGUA DE SEÑAS. ABROGA ORDENANZA 1935- CM-09” que establece que el Departamento Deliberante deberá contar con servicio de Intérprete de LSA-Español en la apertura de Sesiones Ordinarias y Audiencias Públicas de Presupuesto Municipal y Fiscal y Tarifaria.
