Desde 2013, en Argentina se conmemora el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional, con el objetivo de promover políticas públicas de prevención y seguridad respetuosas de los DDHH, dispuesto por ley 26.811. En recuerdo de la “Masacre de Ingeniero Budge” (1987), este día busca crear conciencia y acciones concretas sobre el tema.
Sin embargo, en la ciudad de Bariloche, a raíz de la falta de cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por parte de funcionarios y agentes policiales durante las jornadas de protesta en las calles a raíz de la crisis económica del 2011 y que acabó con la vida de tres jóvenes: Diego Bonefoi, nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas; se tomo la decisión de legislar en la materia.
Por ello, con la aprobación de la Ordenanza 2178-CM-11 el Gobierno Municipal adhirió a la Ley 25.932 que aprueba la “Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” sancionado el 18 de diciembre de 2002 por la ONU. La misma ordenanza, declaró de interés municipal la constitución y funcionamiento del “Comité Provincial de evaluación del seguimiento y aplicación de la convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” establecido a nivel provincial por la Ley 4.621de la provincia de Rio Negro. Dicho comité tiene su actuación en todos los lugares de detención y encierro o donde la libertad se halla restringida en todo el éjido de San Carlos de Bariloche.
Por último según el artículo 4 de la mencionada ordenanza, se conformó en el ámbito de la ciudad, un “Comité Municipal Contra la Tortura” cuya finalidad es la de garantizar el debido cumplimiento de las funciones del Comité Provincial. Y entre sus integrantes se encuentra la Defensoría del Pueblo Municipal.
