Dolor y más dolor es lo que causa esta noticia. Bariloche es la ciudad con más denuncias judicializadas de violencia familiar en la provincia y es la que tuvo tres femicidios en 10 días hace un año. Pero también es la ciudad que se moviliza multitudinariamente para repudiar estos hechos, con su potente movimiento de mujeres que diariamente le ponen el cuerpo a situaciones de violencia que escapan al sistema de protección estatal.
También duele la miopía con la que se analiza la problemática más cruel de la vida de las mujeres. Atribuir esta calamidad sólo a los consumos, es negar la verdadera raíz del problema que es la inequidad. Es negar que el cuerpo femenino sea, lamentablemente, el territorio a subordinar y dominar; ya sea por asumirlo como propiedad o para apropiarse de su fuerza reproductiva y productiva.
El 65% de personas que atendemos en la Defensoría del Pueblo de Bariloche son mujeres. Son ellas quienes motorizan las demandas por sus derechos, los de su familia y su comunidad más próxima. Al profundizar las estadísticas de esta institución, descubrimos que la mayor cantidad de mujeres que denuncian tienen un mejor nivel de escolaridad y menos trabajo formal. Un gran porcentaje de ellas tiene trabajo de tiempo parcial, porque están obligadas (para cumplir con un mandato social) a asumir tareas de cuidado, sea de niños/as o adultos/as mayores o personas con discapacidad a cargo.
Son ellas las que cumplen la doble jornada laboral y además quitan horas de sueño o de esparcimiento para pelear por sus derechos. Son ellas las que lideran los reclamos por la vivienda digna, violencia institucional y laboral; son las que más demandan del Servicio de Mediación Comunitaria como método de resolución de conflictos sin violencia. Ellas son las que organizan los reclamos barriales colectivos, por el transporte, el alumbrado público, las tarifas, la seguridad urbana, los servicios públicos, las que movilizan estrategias solidarias de reproducción social, etc. etc.
A partir de esta situación, la pregunta es: ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado no es capaz de ver esa desigualdad estructural causante de las violencias hacia las mujeres? ¿No es el Estado el garante de la Igualdad social y política? ¿No es el Estado el que tiene la obligación de generar procesos que tiendan a la igualdad de ciudadanas y ciudadanos, tanto en el acceso como al ejercicio de los derechos?
Las políticas públicas no pueden presuponerse ni universales ni neutras, sino que deben ser el recurso para igualar desigualdades reales en el acceso a derechos de mujeres y varones, haciendo hincapié en que la realidad impacta de manera diferencial en ellos y ellas. Naciones Unidas ya hace más de una década retrató la realidad de las mujeres en forma contundente: “A pesar de constituir la mitad de la población, realizan dos tercios del trabajo mundial en términos de horas, ganan un décimo de lo que perciben los hombres y son dueñas de un centésimo de las propiedades que poseen los hombres”.
A esto hay que agregarle que los hogares más pobres son los que están a cargo de mujeres solas, que la feminización de la pobreza también es parte de la violencia invisible que la sociedad y que el Estado descarga sobre las mujeres.
Si el Estado quiere combatir la violencia de género en las familias, primero debe analizar las relaciones sociales, entre las cuales el género es una de ellas, debe invertir en estrategias de prevención pero iniciando la tarea desde el mismo Estado; debe desarmar esa mirada victimizante que se tiene sobre las mujeres viéndolas sólo como víctimas y no como sujetas de derecho; debe generar políticas públicas que no sean neutrales al género, comenzando por garantizar un sistema público de cuidados, porque este déficit del Estado es muchas veces el primer paso de la inequidad pues la existencia o no de un sistema público de cuidados determina la exclusión de muchas mujeres del ámbito laboral formal, por lo tanto la priva de su autonomía y del desarrollo de sus potencialidades.
Si el Estado quiere combatir las violencias de género tiene que comprender que el cambio comienza en el mismo Estado y que la famosa transversalización constituye un enfoque transformador de los vínculos sociales, cuando no es una mera enunciación.
Combatir la violencia de género significa asumir ideológicamente que se trabaja por la igualdad de oportunidades, que exista voluntad política para ello, y que se generen y no se desmantelen las áreas de género en los gobiernos, que se considere parte importante del éxito, el trabajo con las organizaciones sociales principales receptoras de las fallas en las políticas públicas y ávidas de procesos participativos.
Por eso es fundamental trabajar en el plano de lo simbólico, en donde se reproducen estereotipos y asimetrías de género, que no sólo afectan a las mujeres, también definen estilos de vida de los hombres, relaciones familiares, relaciones sociales, políticas, comunitarias y en la cultura en general.
Sin duda la violencia hacia las mujeres en ámbitos familiares como plantean las estadísticas judiciales, es apenas la punta del témpano que sale a la luz. Una pequeña parte de un todo. Y el todo es lo que debe ver el Estado, lo cual implica un esfuerzo serio por buscar respuestas integrales que den paso a la transformación cultural. Y que no se va a resolver este grado máximo de asimetría y vulnerabilidad si no se pone en discusión la carencia de estrategias políticas de igualdad de género en serio.
Dra. Andrea Galaverna
Defensora del Pueblo de Bariloche
