La Argentina enfrenta una grave situación en la que su soberanía y estabilidad socio económica se ven amenazadas y por ende necesita que su ciudadanía e instituciones den muestras de una inalterable unidad para repeler con firmeza las presiones y condicionamientos del capital especulador internacional.
Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que, pese a la manifiesta voluntad negociadora y de pago evidenciada por el Estado argentino, dejó expedita la vía a los llamados «fondos buitre» que mantienen una intransigencia usuaria para embargar y/o empujar al país a un default de su deuda (cuyas dañinas consecuencias pagaría la población), los Defensores del Pueblo de la República Argentina declaramos el más firme respaldo a la postura argentina y sumamos nuestras voces al unánime pronunciamiento en tal sentido que el Congreso hiciera conocer a las autoridades nacionales.
Desde la Asociación de Defensores del Pueblo adherimos en todos sus términos a la extensa y fundamentada resolución dictada por la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y hacemos suyos sus términos que, como su mismo texto lo afirma, “no pretende conformar una declaración política, tampoco jurídica ni, menos aún, economicista; tan solo pretende impetrar a nuestra Administración la adopción de todas las medidas que fueren necesarias para evitar una nueva crisis por la deuda externa; y, a la vez, porque es inescindible de la situación planteada, intenta formular un llamado a la reflexión a todos los responsables externos de este suceso para que sus actos hagan a un mundo y a un país más justo en este caso pues, de acertar los vaticinios públicos de economistas y juristas, aquellos coadyuvarán a la consagración de la aventura bursátil en pos de un desmedido lucro a costa de todo un país y de su gente, de todas las personas que involucra y de su dignidad como seres humanos”.
Asimismo ADPRA insta a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), al Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) y al Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) a pronunciarse sobre la situación de Argentina entendiendo que se trata de una situación que acecha a cualquier país del planeta.
