Vivimos en un mundo en que las ciduades constituyen las unidades territoriales claves para la organización económica, política y administrativa.
Bariloche es la ciudad de la provincia de Río Negro con mayor cantidad de habitantes; rodeada de bosques y lagos, situada en zona de Parques Nacionales y zona fronteriza, son datos esenciales y que le otorgan un perfil particular.
Planeamos el derecho a una vida digna, incluido el derecho a una vivienda como un derecho humano básico y de carácter individual. Pero hay otra dimensión, el del derecho a la ciudad, que extiende ese derecho a la reflexión hacia un derecho colectivo.
El derecho a la ciudad- entendida como “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva (Lefèbvre)”- puede definirse como el dercho de todos y todas a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural. Entorno en el que se activa tanto la solidaridad como el conflicto. Entre indiviudos y entre individuos y el Estado.
El derecho a la ciudad “no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino también el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”, afirma David Harvey. Y la reivindicación de la “posibilidad necesaria de crear otra ciudad se basa en los derechos humanos, y más precisamente en los derechos económicos, sociales y culturales”, tal como nos recordó el ex Secretario de DDHH de Nación, Eduardo Luis Duhalde.
