Desde el año 2013, año en el que inicié mi gestión, acuden a esta defensoría madres que tienen hijas e hijos con problemas de adicciones. Esas madres, porque son normalmente madres las que salen a buscar ayuda, cuentan relatos desesperados. Se sienten impotentes por no poder ayudar a sus hijos/hijas, enfrentan solas a quienes les venden drogas y exigen el cobro de deudas bajo amenazas, investigan, denuncian y buscan en el Estado tratamientos para “rescatarlos”.
En 2015 comenzó a funcionar el Programa País, un proyecto integral puesto a disposición de la comunidad, para capacitar en oficios a jóvenes de barrios populares que incluía un dispositivo de la SEDROANAR.
El 1 de septiembre fue dispuesto su cierre por el gobierno nacional. De nada sirvió que expusieran sus resultados positivos a la hora de capacitar jóvenes para que tengan mayores oportunidades laborales Así quedaron abandonados una importante cantidad de jóvenes y sumieron en la incertidumbre a quienes conformaban los equipos de trabajo. La situación que se hace extensiva a los Centros de Prevención de las Adicciones (CEPLA), quienes no cobran desde hace meses. Y no nos olvidemos que desde diciembre dejaron de funcionar los Centros de Atención Juvenil e Infantil en las escuela a contra turno y también los sábados que dependían del Ministerio de Educación y que el funesto “ajuste” también alcanzó a las Orquestas juveniles que dejaron de financiar.
Lamentamos profundamente que se avance en el desfinanciamiento y desaparición de los programas de contención de niñ@s y jóvenes en situación de riesgo por parte del gobierno actual.
Es un grave error eliminar programas que tienen como destinatarios a niñ@s y jóvenes. Y sabemos que en cualquier política que los tenga como destinatari@s es fundamental el vínculo que crean con personas que los contienen, tanto como la continuidad en el tiempo de ese vínculo.
La decisión del gobierno nacional de cerrar el Programa fue comunicado al titular del proyecto, Fernando Fernández Herrero, en los siguientes términos: “se rescinden los contratos (a partir del 1 de septiembre), se dan de baja las becas de los talleristas y se manda a los participantes a su casa”. No alcanzaron los pedidos de legisladores, organizaciones, y gestiones hasta del Obispo para impedir que ocurriera. Prometieron que no lo harían, pero lo hicieron.
Fernández Herrero denunció públicamente: “es muy triste lo que ha pasado con la SEDRONAR en Bariloche, se desmantelaron dispositivos enteros como el más importante de todos, la Casa Educativa Terapéutica, o los PECS, se fue echando a los trabajadores de la manera más indigna, manteniéndolos con 3, 4 y hasta 6 meses de atraso en el pago de sus beca precarizadas, obligándonos a los contratados a presionar para que cumplan sus funciones y a reempadronarlos cada tanto para ver cuántos iban quedando en el camino”.
En noviembre de 2015 había en Bariloche 6 dispositivos con 65 trabajadores de Sedronar, a partir de hoy queda un solo dispositivo con 6 trabajador@s precarizados, es decir, el 10 % del equipo que trabajaba en Bariloche en prevención, contención, asistencia y reinserción de jóvenes en riesgo social y en riesgo de consumo.
La situación es gravísima.
Sabemos que de ningún modo se puede enfrentar un problema social mayúsculo con una aspirineta. La ciudad necesita trabajar urgentemente para afrontar las consecuencias de esta decisión, para coordinar acciones para aminorar al máximo posible el impacto de este lamentable corrimiento del Estado. Necesita dar respuesta a las familias de jóvenes con consumos problemáticos. Necesita dar respuesta a trabajador@s de estos proyectos imprescindibles para la comunidad, que fueron parte de una política que no hay que abandonar sino que hay que profundizar.
El¬ Estado, recordamos, debe ser el garante de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y medidas como ésta van en sentido opuesto.
Andrea Galaverna
Defensora del Pueblo de Bariloche
