El bloque de concejales del Frente de Todos solicitó a la gobernadora Arabela Carreras y al Ministro de Seguridad y Justicia Gastón Pérez Estevan, habilitar al organismo a realizar tareas de control en lugares de privación de la libertad. La iniciativa surgió por impulso del Comité Municipal contra la Tortura de Bariloche que está integrado por el Movimiento de Infancia local, APDH, CTA de lxs trabajadorxs, la Defensoría del Pueblo de Bariloche, Concejo Deliberante, representante del Ejecutivo, abogadas y abogados afines a la temática y la Multisectorial contra la Represión.
El pedido se realizó por medio de la presentación de un proyecto de comunicación, cuyo texto se respalda en la resolución del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que semanas atrás solicitó al Ejecutivo arbitrar los medios necesarios para que ello suceda.
También requirieron realizar visitas de inspección, garantizando el ingreso irrestricto a las unidades penitenciarias, comisarías y dependencias policiales en la ciudad. Asimismo, la comunicación con personas privadas de la libertad, la remisión de requerimientos de información a las autoridades, y la realización y difusión de informes.
“La iniciativa se enmarca en las diferentes denuncias recibidas por el Comité durante 2019 y en el transcurso de estos meses. Entre ellas, constan falta de entrega de elementos de limpieza para prevención de COVID-19. No es un dato menor si tenemos en cuenta el hábeas corpus preventivo presentado al conocer el caso positivo de una agente del Servicio Penitenciario que prestaba servicios en el Penal Nº 3”, sostuvo la presidenta del bloque, Julieta Wallace, quien además integra el Comité en representación del Concejo Deliberante.
La concejala, junto a Marcelo Casas y Roxana Ferreyra, formalizaron también a Alejandro Palmieri, presidente de la Legislatura provincial, la solicitud de conformar el Comité Provincial contra la Tortura. “Es necesaria e imperiosa la pronta conformación de este órgano a fin de contar con todas las herramientas previstas para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló Wallace.
