La Defensora del Pueblo de Bariloche, Dra. Andrea Galaverna, expresa su preocupación en relación al proyecto de Reforma parcial del Digesto Contravencional- Ley N° 532 del gobierno de Río Negro. El mismo, impulsado desde el Ministerio de Seguridad provincial, afecta en forma directa a la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vulnerando la prohibición del principio de no regresividad al intentar bajar la edad de punibilidad de 18 a 16 años, estigmatizando otra vez esta franja etaria e imprimiéndole una impronta punitiva a problemáticas que no deben ser consideradas desde este enfoque.
El Código de Faltas de Río Negro (regulado por Ley 532), establece la edad límite para aplicar una sanción contravencional en los 18 años, de acuerdo con el Decreto Ley 22.278. Bajar la edad de punibilidad, vuelve a los jóvenes susceptibles de sanción contravencional e ignora que son sujetos de derechos consagrados por normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos. Ellos cuentan con especiales derechos y garantías; de modo que se afecta en forma directa a la Convención de los Derechos del Niño (artículos 3, 12, 37, 40) y la Convención Americana de los Derechos del Hombre (artículo 2), y se vulnera la “prohibición de no regresividad”, afectando derechos y libertades consagrados.
También, en esta reforma que se impulsa desde el Ejecutivo provincial, se vulnera el principio de no discriminación, estigmatizando a jóvenes cuando transitan una clara situación de aumento de su vulnerabilidad.
La modificación del artículo 42 de la ley 532 es violatoria de la Ley 26.061 al autorizar al personal policial a “tener bajo custodia” niños, niñas y adolescentes en estado de ebriedad, o bajo el efecto de estupefacientes, otorgando competencias que la Ley Nacional sólo otorga a los Servicios de Protección de Derechos de Infancia (artículos 4, 19, 27, 32). Vale aclarar que esta es la dirección opuesta a la que se propone desde políticas nacionales que tienen la inclusión como norte.
Según la normativa local en los casos de niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad por ebriedad o consumos de drogas, es y debe ser la política social y de la órbita de salud pública y no el órgano policial el competente directo en la intervención, ya que éste últimos no tiene formación en estrategias de reducción de daño para poder proteger a las y los jóvenes con consumos problemáticos.
Lamentablemente, sabemos en manos de qué policía dejaríamos a nuestros jóvenes si esta reforma se aprueba. Una institución que en 30 años de democracia no ha logrado una transformación acorde a lo que demanda la vigencia del orden democrático; una policía que entre sus filas tiene a algunos uniformados que aún sigue cometiendo apremios ilegales, golpea sistemáticamente a los jóvenes en nuestra ciudad, utilizó el gatillo fácil con numerosas víctimas como los asesinatos de jóvenes del alto en junio del 2010; hoy hay tres imputados policiales a raíz de un incidente de tránsito en que fue demorado el joven Garrido y terminó muerto en un calabozo, presuntamente ahorcado; también se registran casos de uniformados condenados por abuso sexual a una adolescente de 16 años, dentro del Destacamento de Guerrico.
Esta reforma revela, por otra parte, que carece de perspectiva de género, puesto que no discrimina que varones y mujeres jóvenes podrían ser detenidos varios días en situación de consumo, con las implicancias y diferencias que conllevaría la misma situación para ambos géneros.
Se reedita el aparato represor sobre los más vulnerables, se criminaliza la juventud y se yerra en la política pues con esta reforma el Estado decide invertir en reprimir en lugar de invertir en proteger. Elige la respuesta punitiva en lugar de dar respuestas superadoras a temáticas que afectan seriamente a nuestra comunidad con políticas que ya están encuadradas en Leyes protectoras de los Derechos Humanos como la Ley de Protección a la Infancia o la Ley de Salud Mental.
Sabemos, según registros del Poder Judicial, que los delitos cometidos por esta franja etaria no supera en el país el 6% anual y lejos están de constituir los delitos penales más graves. Por ello, entendemos que con los cambios propuestos se saca de foco a quienes las políticas de seguridad deben individualizar como responsables: a adultos y redes de adultos que lucran con nuestros jóvenes.
Suscribimos al documento de rechazo a esta reforma formulado por la Asociación de Pensamiento Penal, la cual recuerda que “El respeto a los Derechos Humanos y la adaptación de los regímenes locales a los estándares y convenciones es fundamental para afianzar la vigencia del orden democrático”.
Cualquier reforma que emprenda el gobierno actual en la materia, debe ser respetuosa de los instrumentos convencionales y de nuestra Constitución, resguardando fundamentalmente a la población considerada como grupos más vulnerables, que desde el sistema internacional de los DDHH exige a cada Estado un esfuerzo especial para garantizar sus derechos.
Por todo lo dicho, la Defensora del Pueblo de Bariloche invita a reflexionar sobre esta reforma propuesta, a dar un amplio debate que apueste a la inclusión y al respeto por nuestras leyes.
