Ante la posibilidad de que se multiplique la cantidad de despidos que se han dado en los últimos días en la ciudad, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Dra. Beatriz Oñate, exhorta a las empresas a rever las medidas y a reincorporar a las trabajadoras y los trabajadores despedidos, entendiendo el contexto de emergencia económica que se vive en el país y el mundo a partir de la propagación de la pandemia por COVID -19.
Al respecto, la Defensora del Pueblo de Bariloche explicó que “el despido de trabajadores y trabajadoras no hace más que agravar el problema, lesionando aún más el tejido social ya fuertemente resentido. Es importante comprender que dejar sin su sustento diario a familias que viven de ese ingreso mensual es una manera de excluirlos del sistema, sumándolos a los 15,9 millones de personas en el país que se encuentran por debajo de la línea de pobreza”. En este sentido, señaló que la empresa MI Bus dejó sin su fuente laboral a más de 9 trabajadores, también citó como ejemplos que las empresas constructoras como Hiza Construcciones SRL e Insersan SA tuvieron el mismo accionar con más de 20 empleados, y Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA), la cual rescindiría los contratos de más de 20 trabajadores.
Asimismo, recordó la vigencia el Decreto 329/2020 (BO) anunciado por el Gobierno nacional, “el cual ha sido una herramienta fundamental en protección de los trabajadores, prohibiendo por 60 días los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Además, existen otras medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad de la situación del sector y del tamaño de la empresa. También se han dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES). Por otro lado, el gobierno Nacional ha dotado de herramientas a las empresas para la sostenibilidad de las fuentes de trabajo, disponiendo la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 , Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios, y el Decreto que crea el Programa de «Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción» para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica; así como el Decreto N° 316/20 que prorroga el Régimen de Regularización tributaria establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541, y el Decreto 326/2020”.
La Defensora concluyó apelando a la responsabilidad social empresarial: “Son tiempos en los que los barilochenses debemos estar más unidos, teniendo en cuenta que la pandemia del Covid-19 nos ha afectado a todas y todos. Las proyecciones respecto a la economía no son muy alentadoras, sin embargo, esto ha sido tomado en cuenta a nivel nacional y se ha puesto a disposición herramientas para paliar una situación que nos afecta a todos y todas. Es por ello que insto a los empresarios y empresarias a ser parte de un accionar que refleje su responsabilidad social y colaboración para con los sectores que hoy se ven más vulnerados”.
Foto: Revista Vivienda.
