La Defensora del Pueblo de Bariloche promovió una Acción de Amparo para frenar los desmedidos aumentos de las tarifas de gas. Desde hace una semana, los aumentos movilizaron a gran parte de la ciudadanía que solicitó la intervención de la Defensora del Pueblo de la ciudad.
En vista a la gravedad de la situación, la Dra. Andrea Galaverna interpuso una Acción de Amparo a fin de impedir de manera inmediata los aumentos en la convicción que éstos afectan derechos y garantías constitucionales.
La presentación judicial se realizó hoy, 23 de mayo, en el Juzgado Federal local. El asesor Letrado de la Defensoría del Pueblo local, Dr. Carlos Arrative, explicó que la medida se entabla contra la empresa Camuzzi Gas del Sur; contra el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación “atento la realización de diferentes actos jurídicos y administrativos que con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta lesionan derechos de raigambre constitucional. Asimismo, solicito haga lugar a la medida de no innovar”.
La presente acción se promovió en resguardo de los derechos de los usuarios del servicio público de gas natural, gravemente perjudicados por el fuerte incremento de las facturas recientemente distribuidas en todo el país. Se trata de un aumento que esta defensoría entiende es anticonstitucional y confiscatorio por lo desproporcionado de los valores y por la afectación a derechos consagrados. Por otra parte, dichos aumentos -en innumerable cantidad de casos imposibles de pagar- no fueron informados ni explicados debidamente por el Estado Nacional y por el Ente de regulación y control (ENERGAS).
Los aumentos, que alcanzan en algunos casos hasta el 3000%, impactan de modo brutal en las economías familiares, en emprendimientos productivos locales, pero también en espacios de contención social.
En términos generales, los actos y omisiones contra los que se interpone la presente acción resultan violatorio de la Ley 24.240, y de la Constitución Nacional. “Diversos actos y resoluciones ilegales y arbitrarias afectan innumerables normas jurídicas y tienen consecuencia directa y perjudicial en los usuarios del gas natural quienes han recibido facturas, donde el monto a abonar de un período a otro se ha incrementado hasta en un 2000 o 3000 por ciento”, se afirma en el texto.
El escrito expone una serie de medidas tomadas por el actual gobierno a partir de diciembre de 2015, implementadas a través de resoluciones y actos administrativos, que afectan derechos constitucionales del colectivo e usuarios, puesto que impactan en la vida diaria de cada uno de los demandantes que no sólo ven afectado su ingreso, su patrimonio y bienes personales, sino en sus actividades productivas y personales.
La presentación judicial recuerda que los derechos humanos están interralacionados y no se afecta uno sin afectar otro, de modo tal que afectado, por ejemplo, el derecho al trabajo, se afecta el derecho a una vida digna, se afecta también el derecho a la salud, a la alimentación, etc. Se recuerda que se trata del acceso a un derecho que en nuestra ciudad y región es fundamental para la supervivencia.
Los aumentos, según se desprende de dicha presentación, fueron “sorpresivos, desmesurados, confiscatorios, que devienen por sus características y procedimientos seguidos en arbitrarios e ilegales”, cuya única posibilidad de detención se encuentra en potestad de la justicia.
“La empresa y los organismos han mantenido la “coherencia” en su línea de conducta por cuanto siguen sin suministrar información alguna, ni a los usuarios ni a las autoridades de nuestra ciudad. No contestan notas, no responden verbalmente no concurren a reuniones, ni asisten a mesas de trabajo cuando son requeridos. No brindan entrevistas a medios de comunicación, no emiten comunicados de prensa, ni sus autoridades expresan nada. Tampoco se sabe que sucederá en caso de que alguna de las personas físicas o jurídicas (por ejemplo, un centro asistencial para personas con discapacidad) no pueda abonar la factura de más de $8.000 (Pesos ocho mil) que le ha llegado y que implica un aumento de más del 1000 %”, expresa.
Los principios y Derechos Constitucionales afectados que se mencionan en el Amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Bariloche son: a) Principio de legalidad; b) Principio de la seguridad jurídica y c) Principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encuentra contemplado en el artículo 26º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En efecto el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que: “(…) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”..
Recordamos que la Constitución Nacional consagra la facultad del Defensor/a del Pueblo para accionar en representación de aquellas personas cuyos derechos pudieran lesionarse a consecuencia de actos u omisiones de la Administración y de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos. La Defensoría del Pueblo no actúa en nombre propio sino en representación de la persona, grupo o sector cuyos derechos se vieran conculcados. Es decir, en protección de los derechos de incidencia colectiva en general (Art. 43 CN).
