Si bien los países del norte comenzaron a modificar el paradigma de la seguridad hacia fines de los 70´s, Latinoamérica en general, demoró este proceso en vista a la persistencia de gobiernos de facto en la región. Fue durante la última década que se promovió la implementación de políticas integrales de seguridad, entendida ésta como un derecho que debía ser abordada desde el enfoque de los derechos humanos, con énfasis en la prevención que, con sus variantes locales, involucran a agencias gubernamentales y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problemas vinculados a la seguridad ciudadana.
Desde esta concepción, el delito se comenzó a explicar desde su multicausalidad y complejidad, y a ser pensado multidisciplinariamente, lo que devino en el diseño e implementación de estrategias multiagenciales de abordaje del delito. Tradicionalmente se delegaba en la policía que monopolizaba la respuesta hacia el delito, mirada que se concentraba únicamente en el rol de las fuerzas de seguridad y en la respuesta punitiva. Con el cambio de paradigma, otros agentes intervienen y la ciudadanía es un actor que se involucra en el proceso, en vista a la poca efectividad de la respuesta policial y la falta de credibilidad en las fuerzas.
En cambio interesante de esta mirada fue concebir a las comunas como los ámbitos privilegiados en el diseño de políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana. Los gobiernos locales pasan a tener un rol esencial en la articulación con la sociedad civil, la policía y tal como lo comenzó a hacer Argentina pos crisis del 2002, articulando nación, provincia y municipio.
Durante la segunda mitad de los ‘90, la cuestión de la seguridad emergió en nuestro país como un tema político central capaz de poner en juego la capacidad del Estado de cumplir con algunas de las funciones que le son propias, tales como la resolución de conflictos, la prevención del delito y la reducción de la violencia, entre otros. El fracaso de políticas implementadas permitió la emergencia de un cambio que hoy constituye un proceso en marca en varios países de la región.
Actualmente es mayoritaria la idea de que la gobernabilidad democrática gestiona la política de seguridad, encausando la participación política y la construcción de ciudadanía. Muchos gobiernos de la región, tal lo recordó el Juez Carlos Rozanski (ver en esta página texto completo de su exposición), que atravesaron cruentas dictaduras generaron reacciones en los ciudadanos que duraron décadas, éstos se vinculan a la percepción negativa de las fuerzas de seguridad y al medio a participar, pues las experiencias del Terrorismo de Estado erosionaron la cooperación social y la vida cívica.
Argentina, Chile, Perú, Colombia, México iniciaron un proceso con experiencias que tiene puntos de contactos y diferencias. Las realidades latinoamericanas son similares en términos de desigualdades reinantes, pero se vivencian situaciones distintas en términos de tipos y modalidades delictivas, tanto como en las respuestas para abordarlos. Hasta los 90´s la gran mayoría las políticas existentes limitaban su abordaje al momento de comisión del delito, ignorando el “antes” – en tanto cada delito emerge como resultado de complejos procesos sociales – y el “después” – porque tanto infractores como víctimas son parte de un sistema que los excede, y que abarca los modos en que una sociedad define y trata sus conflictos y la manera en que estas definiciones y abordajes tienden a integrarla o a segmentarla. Como resultante, la mayoría de las políticas existentes relegan el abordaje del fenómeno en el sistema penal, concentrando las respuestas al momento de comisión del delito y a un “después” limitado a la aplicación de sanciones punitivas a los infractores. Así, promueven una idea equivocada de que la seguridad depende de la voluntad de “luchar (con mayor o menor dureza) contra el delito” y la multicausalidad y complejidad reconocida a nivel discursivo resulta negada en las políticas concretas, agravando el problema con soluciones inadecuadas.
Pasado el pico neoliberal, y ya dentro del nuevo milenio, se asumió el paradigma de la complejidad y se comenzó a concebir a la seguridad como un derecho interrelacionado con otros derechos humanos.
La experiencia en Chile
Chile, comentó la especialista Alejandra Mohor Bellalta(Coordinadora del Área Prevención del Delito y la Violencia en la Universidad de Chile) destacó que hubo avances pero que hay que profundizar algunos aspectos. Chile trabajó con 4 ejes: Integralidad, Multisectorialidad, Focalización y Evaluación de la política. Se propuso intervenir con el criterio de la evidencia científica para la toma de decisiones, lo cual los obliga a realizar evaluaciones rigurosas; en relación al impacto de la política, se guían por el enfoque de buenas prácticas para conocer la gestión de los programas mediante indicadores.
Se trabajó con policías de proximidad, acotando territorios (Cuadrantes) con participación ciudadana desde la construcción de un diagnóstico participativo. Se hizo eje en la prevención temprana, trabajando con niños y sus madres, articulando con otras áreas del Estado, con un riguroso liderazgo del proceso. Esta primera experiencia fue éxito en términos de evaluación de procesos, pero- advirtió- tuvo escasa evaluación de resultados y casi nula evaluación de impacto.
Bogotá, Colombia
La experiencia de Colombia fue expuesta por el ex subsecretario de Seguridad del municipio de Bogotá, Hugo Acero Velázquez quien destacó importantes avances como resultado de asumir la seguridad como un derecho, y al igual que en otros países de la región, asumiendo el paradigma de la seguridad democrática haciendo eje en lo local, lo que requirió una fuerte intervención en la comunidad y en la arquitectura de la ciudad, en la recuperación de espacios públicos, como en la infraestructura policial y en las cárceles. Allí también se trabajó con fuerte liderazgo y una rigurosa planificación que partió del reconocimiento del problema de la inseguridad- que partió con tasas de homicidio en 1993 de 80 por 100.000 habitantes- con la construcción de normativas claras, con una inversión importante en la formación policial, y “fortaleciendo la gestión civilista de la convivencia y la seguridad”, que lograron bajar la tasa de homicidios a 16, 9 cada 100.000 habitantes en el año 2012. El especialista destacó que Bogotá avanzó bajo criterios similares a los descriptos en Chile pero destacó que lo radicalmente distinto que asumió la localidad fue la transformación de la cultura ciudadana en relación a la seguridad. Tanto en Medellín como en Bogotá se realizaron Planes Integrales de convivencia y seguridad. “Un Plan que, sin descuidar las acciones tradicionales coercitivas y judiciales, se orientó a fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos al interior de los hogares, entre particulares y entre comunidades” Quizá otros aspectos diferenciales a destacar, sean la creación del Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia y la creación de Observatorios de Violencia en ciudades como Medellín, la apuesta fuerte a la articulación con las áreas de Desarrollo Social y con Educación; por una parte; y la articulación lograda con el sector privado (Cámara de Comercio de Bogotá, Diario El Tiempo y ONG) quienes realizan el seguimiento y control semestral de los resultados del Plan.
México y Colombia destacaron la utilización de la estrategia de mediación comunitaria.
La policía pacificadora de Río de Janeiro
La experiencia de Río de Janeiro fue relatada por Robson Rodrigues da Silva, ex jefe policial de la Unidades de Policía Pacificadora (UPP), es una de las más interesantes de la región. Una experiencia que intentó pasar del modelo represivo al modelo preventivo, conjuntamente con policía militar y policía civil. Las prácticas represivas- entiende- crearon una guerra que se intentó desactivar con un plan a ejecutarse progresivamente y por varios años. El plan comenzaba con la ocupación de la favela, la reconstrucción de lazos comunitarios para lograr desarme y salida de los grupos delictivos del lugar. Se disminuyó notablemente la muerte de civiles en los operativos, aunque no hay todavía instrumentos de medición que permitan hacer evaluaciones precisas de toda la experiencia. A la UPP se creó paralelamente una UPP social. Una experiencia innovadora en uno de los países más violentos del mundo.
La mirada diversa de dos mujeres mexicanas
La Alcaldesa de Toluca, México y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Martha González Calderón, expuso su Estrategia Integral para la Prevención Social de la Violencia. Contó con orgullo que obtuvo la certificación de “Municipio Educador”, base que sustenta su plan integral, multiactoral y que tiene una mirada atenta sobre las principales víctimas, niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores. El plan tiene un capítulo especial de prevención en el que han trabajado fuertemente con las fuerzas de seguridad. Un dato distintivo, sus “marchas exploratorias” que permitieron hacer diagnósticos participativos que permiten que los vecinos cuenten sus problemas y que – muchas veces- sean ellos los que aportan soluciones. Su lema “todos podemos construir ciudadanía” con participación, utilizando métodos alternativos y pacíficos de resolución de conflictos, trabajando en las áreas de pacificación comunitaria.
González Calderón, al igual que todas las mujeres que abordaron la seguridad en este congreso, aportaron una mirada diversa, integral, que considera la violencia al interior de los hogares como un problema de seguridad, o al problema del desconcierto que generan los jóvenes como otro aspecto de esta gran temática. “Estamos transitando un cambio de paradigma, antes teníamos seguridad pública, coerción del Estado; ahora tenemos seguridad ciudadana, que es cohesión de la comunidad”.
Esta idea fue compartida y reforzada por su colega mexicana, la antropóloga social por la escuela Nacional de Antropología e Historia, Laura Esthela Carrera Lugo, encarna esa otra mirada que aporta la perspectiva de género a este problema, ligando Seguridad Ciudadana a Desarrollo Humano, asumiendo que los esfuerzos del desarrollo deben ser siempre “las personas” pues ellas son la “verdadera riqueza de la Nación”. “La seguridad – define- es una creación cultural que implica una forma igualitaria (no jerárquica) de sociabilidad, un ámbito compartido libremente por todos”. La seguridad para ella es también un asunto de salud mental que involucra a las emociones y al ánimo de las personas, no sólo el número de los delitos. Los problemas de convivencia tienen un contexto urbano y un contexto humano, por eso es pertinente hablar en los planes de seguridad del trabajo sobre pilares como la empatía, la equidad, el respeto, la cooperación, la comunicación, el autocontrol, la participación. Carrera Lugo instala como un componente central la mirada integral y local, que se aparta del modelo punitivo que no entiende ni resuelve el tema de la violencia y llega tarde. Otro elemento que trajo al debate fue la necesidad de educar en derechos humanos y en valores ligados a ellos, convencida de que “una sociedad donde existe una alta cohesión social, comunitaria y sentimientos de cooperación es posible inhibir comportamientos delictivos y violentos a partir de expresiones de solidaridad y trabajo colectivo”.
La tarea para ella comienza con políticas de apoyo a las familias, en simultáneo con el trabajo para construir lazos comunitarios y continúa con “promover, reconocer y fortalecer el papel fundamental de las mujeres y de los jóvenes como agentes de paz y cohesión comunitaria.”
