La Defensora del Pueblo de Bariloche, la dra. Beatriz Oñate, expresó su oposición ante la resolución de la Secretaria de Gobierno de Energía que dispone que los usuarios deban abonar las diferencias cambiarias de los contratos que celebraron productoras y distribuidoras. En coincidencia con las Defensorías del Pueblo de diferentes puntos del país, su negativa ante esta medida se fundamenta en que dichos contratos se celebraron bajo su cuenta y riesgo, con lo cual este conflicto debería ser resuelto entre ellos.
Oñate recordó que en el marco de las últimas audiencias públicas que se desarrollaron en relación al aumento de la tarifa de gas, «las Defensorías del Pueblo manifestaron su oposición a la resolución de la Secretaria de Gobierno de Energía que dispuso que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruiría a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios».
Cabe recordar que desde principios de este mes rige un incremento de entre 30% y 35%, a lo que se le suma que las empresas distribuidoras de gas ahora podrán cobrar un importe extra en 24 cuotas mensuales, a modo de compensación por el impacto de la variación del tipo de cambio. «Deberían tener en cuenta que en el interior del país, en ciudades como Bariloche, la demanda del servicio de gas es mucho más alto y son nuestros vecinos -una vez más- quienes se verán afectados ahora por una tarifa dolarizada que será difícil de afrontar», señaló la Defensora del Pueblo de Bariloche.
Es por ello que las Defensorías del Pueblo se han manifestado públicamente en oposición a este tipo de medidas, a lo que Oñate agregó: «hoy nuestra postura no es diferente, las Defensorías del Pueblo nos oponemos una vez más a que los usuarios finales sean la variable de ajuste para resolver un conflicto que debería ser solucionado en un ámbito privado». Asimismo, la Defensora del Pueblo de Bariloche consideró que «se trata de un avasallamiento de los derechos y una imposición de reglas dispares, que se miden con varas distintas perjuicios y beneficios, y en los cuales la ciudadanía no tuvo injerencia. Esto es una demostración clara de desigualdad, arbitrariedad y un enorme perjuicio para el pueblo que debe seguir soportando aumentos arbitrarios, violatorios de derechos e irrazonables. Y sobre ello deberemos pensar estrategias para lograr su rechazo».
