La Defensoría del Pueblo de Bariloche, ante la denuncias de vecinas y vecinos de la ciudad preocupados por posibles efectos nocivos de antenas, elaboró dos Recomendaciones sobre el particular. La primera en 2014 y la última, el 3 de agosto. La Recomendación que ingresó ayer al Poder Ejecutivo y al Concejo Municipal, plantea la necesidad de un profundo análisis del proyecto de Ordenanza puesto a debate por el Departamento Ejecutivo, el cual implica una sustancial modificación en toda la normativa regulatoria de la instalación de estructuras y antenas de telefonía móvil.
Ante tal situación, la Defensora del Pueblo local, Andrea Galaverna, expresó que se trata de un tema que moviliza a la comunidad porque genera temores y que en consecuencia es imprescindible elaborar estrategias de consenso social previo debate en audiencia pública de temas como el que nos ocupa, de alto impacto social.
La Defensora recuerda que el Artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno…Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
La posibilidad de disponer de la instancia de participación social que facilita una Audiencia pública, formidable herramienta de democratización, permite el intercambio públicos de ideas, “la publicidad de los actos de gobierno, y la real vinculación entre los vecinos y sus autoridades de manera previa a la toma de decisiones con suma trascendencia en la vida de cada uno de ellos”.
“Es necesario – advierte la Recomendación- que el Proyecto a presentar por el Departamento Ejecutivo y a tratar por el Concejo Municipal, considere la posible afectación de la paz social. La instalación de las últimas estructuras y antenas de telefonía móvil, ha provocado controversia entre los propios vecinos –afectando su convivencia diaria- cuya única causa es la falta de intervención oportuna y clara por parte del Estado Municipal.” Por otra parte, señala “Que debe ser el estado municipal un actor fundamental para la armonía y el justo equilibrio entre el derecho a la conectividad y a la seguridad y preservación de un ambiente sano.”
También se recuerda al Poder Ejecutivo y al Concejo que “la Secretaría de Comunicaciones (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública Servicios) el día 28 de Marzo del corriente año dictó la Resolución Nº 11 a través de la cual se crea el Sistema Nacional de Monitoreo de las Radiaciones No Ionizantes (SiNaM) y el Grupo de Trabajo para el Control Popular de las Radiaciones No Ionizantes.
La Recomendación solicita una atención especial a las poblaciones que puedan ser más vulnerables a posibles efectos de radiaciones ionizantes, como niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, entre otros, alentando campañas de uso responsable de celulares.
Textualmente la Recomendación que lleva el número 11/ 2016 recomienda al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal:
1) Establecer Audiencias Públicas previo a la aprobación de la presente Ordenanza, como forma de democratización y participación de los vecinos y vecinas de la ciudad, en una temática que genera rechazo popular.
2) Conformar un sistema de control popular (como establece la Resolución 11/2014 del Ministerio de Planificación Federal) con convenios con las universidades que trabajan la temática (Ingeniería Ambiental de CONEA, Ingeniería en telecomunicaciones de la UNRN), que se ocupe del monitoreo continuo, elaboración de informes periódicos publicados online, georreferenciación de las antenas, mapa de radiaciones, análisis epidemiológico de la salud de las personas que viven aledañas a antenas.
3) Prohibir en forma taxativa la iniciativa de colocación de antenas en predios privados que tengan urbanizaciones, así como consensuar con juntas vecinales los lugares públicos donde colocar antenas..
4) Obligar a las empresas a que parte de los gastos que se hacen en publicidad y marketing lo inviertan en campañas de uso responsable de la telefonía móvil, en especial dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes, mujeres embarazadas, población vulnerable a las RNI.
5) Evaluar el impacto económico que recae en la propiedad inmueble aledaña a una antena a fin de ajustar tasas municipales.
6) Utilizar en la/s Ordenanza/s verbos que otorguen sentido unívoco, que no se presenten a varis interpretaciones, constituyendo así una herramienta normativa al servicio de los barilochenses y no de las gestiones de turno o las empresas.
7) Hacer público el estudio de impacto ambiental que haga el Estado, previo a la colocación de una antena, y quien lo desarrolla para conocimiento de la ciudadanía.
Foto: Diario Río Negro.
