Con frecuencia, acuden a la Defensoría del Pueblo de Bariloche, mujeres que transitan por el denominado “camino crítico de la violencia”. Llegan a esta institución buscando ayuda, escucha, alguna respuesta, puesto que no las encuentran en otras oficinas del Estado.
En muchas circunstancias están en estado de shock, tienen miedo, desconocen qué tienen que hacer en situaciones de crisis, no saben a dónde ir o vuelven del oscuro laberinto judicial confundidas, con información contradictoria cuando no incorrecta.
Esta demanda muestra a las claras que hay fallas en el sistema, que no existe o se dificulta la articulación entre las instituciones a las recurren, que hay déficit de recursos para esta severa problemática cuya esencia es- lamentablemente- estructural; que la sociedad en su conjunto no reconoce la profundidad y la dimensión del problema.
Profesionales del derecho insisten en que sobran leyes. Es posible, hay leyes y muy buenas; pero muchas veces hay déficit de sensibilidad y de formación para atender a mujeres víctimas de violencias.
Las violencias hacia las mujeres no las resuelve ni el poder judicial ni el sector salud, ni la policía de modo aislado; se trata de una violación a los derechos humanos que exige de respuestas integrales y de un esfuerzo especial del Estado en su conjunto para remediarla.
En los juzgados de familia locales se atienden un promedio de 30 nuevos casos semanales en la ciudad, hay un registro que da cuenta de unos 1000 casos anuales que pasan por una de las ventanillas que prevé la Ley Provincial N° 4241D, Modificatoria de la Ley 3040, pero todas y todos sabemos que esto no es nada más que una pequeña porción de la realidad.
Lamentablemente el tan publicitado Observatorio de Violencia de la provincia no existe de hecho, no hay ningún dato oficial, pese a que fue creado en diciembre de 2013. No solamente no hay recursos suficientes para las áreas mujer, con el fin de acompañar y asistir a víctimas de violencia.
Pese a no tener datos fiables, todos los organismos del Estado conocen el problema y sin dudas para algunos ámbitos es el problema más frecuente que tienen que afrontar.
Desde la adhesión provincial a la Ley 26.485 no es posible hacer un balance que incline la balanza a favor de las mujeres que viven en esta provincia. Quedan pendiente poner en armonía esta formidable Ley Nacional con la Ley Provincial, norma muy celebrada pero que jamás pudo ser implementada tal lo establecido.
Los equipos técnicos previstos en la Ley 4241 D (ex 3040) jamás se implementaron, equipos técnicos imprescindibles y que ayudarían a no dar sólo aspirinas de efecto transitorio.
La emergencia dictada en Bariloche tampoco tuvo ningún efecto, puesto que los recursos más importantes con que cuenta la ciudad (casa Refugio y Servicio 102) fueron creados antes de que sea dictada.
El botón antipánico, reclamado por organizaciones de mujeres en distintas circunstancias, pese a haber sido aprobado por Ley (N° 4948/ 2014) tampoco existe. Algunos juzgados se los reclamaron en varias oportunidades para mujeres que atraviesan situaciones críticas y el mismo Estado que prometió entregarlos, previa fabricación por parte de ALTEC, incumple sistemáticamente en su entrega.
Otra situación gravísima que atraviesa la ciudad en estos días, es que sólo hay un Defensor de menores. Esto significa que las mujeres que solicitan Defensa Pública, Defensor/a oficial, hoy no lo tienen. Las mujeres, y ya sabemos que se trata de las mujeres que no pueden acceder a una abogada o abogado pago, no tiene defensa durante la feria en la ciudad más importante de la provincia y en un mes en el que suelen acrecentarse las denuncias. Esta situación que obstaculiza el acceso a la Justicia de las mujeres es gravísima, por tal motivo esta Defensoría del Pueblo decidió denunciarla.
Dra. Andrea Galaverna
Defensora del Pueblo de Bariloche
