A través de la Recomendación N° 0002/2021, la Defensoría del Pueblo de Bariloche solicitó la implementación de la Ley Micaela, poniendo especial consideración en aquellas áreas que tienen vinculación directa con la temática en violencia de género, tales como el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, las Fuerzas policiales y de Seguridad, dispositivos en atención a víctimas, para que se implementen, de manera periódica y permanente, programas de capacitación y sensibilización en materia de violencia de género, igualdad y no discriminación, y perspectiva de género, destinados a operadores y operadoras, en todos sus niveles y estamentos. El objetivo de la propuesta apunta a poder reconocer la existencia de asimetrías y desigualdades y las afectaciones e impactos que las mismas generan en estas ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido, así como también a aportar una mirada en perspectiva de Derechos Humanos.
Por medio de la nota elaborada el 5 de marzo, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Dra. Beatriz Oñate, detalla que “estos programas de capacitación y sensibilización, además de ser de participación obligatoria, deben incluir instancias de evaluación hacia los participantes, con el propósito de verificar y asegurar el aprendizaje de los contenidos desarrollados y la incorporación del enfoque de género. Nuestra propuesta es que deben ser revalidados por sus asistentes en forma anual, a través de una nueva instancia de participación y evaluación”.
En concordancia con el objetivo general de la iniciativa, la Dra. Oñate señaló la necesidad de “realizar las reformas estructurales integrales del sistema de justicia que correspondan y resulten adecuadas, escuchando y teniendo en consideración para ello la demanda de los colectivos de mujeres, de las víctimas y sus familiares, para de esa manera comenzar a implementar de manera adicional a las acciones ya existentes (y entre otras posibles acciones a imponer) medidas de acompañamiento y monitoreo en favor de las mujeres que realicen denuncias sobre violencias y discriminaciones. De forma tal que ante la simple denuncia de una mujer presuntamente víctima de violencia, ésta reciba de manera inmediata un genuino y profesional acompañamiento personal por parte de personal idóneo debidamente capacitado; a la par de activar un sistema de monitoreo sobre la persona denunciada y denunciante que permita prevenir y actuar a tiempo en situaciones en donde corra riesgo la vida e integridad de la mujer”.
Foto: El Cordillerano.
