La Defensoría del Pueblo de Bariloche expresa su solidaridad con el Dr. Martín Lozada, quien fue cuestionado mediante un comunicado difundido por la Secretaría de Medios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, en el cual se acusa en duros términos y de manera injuriosa al Fiscal, acusándolo de haber colaborado “para instalar un sistema de inseguridad a partir de una concepción extremadamente garantista, que llevó a que los delincuentes estuvieran en las calles y que los policías que los atrapaban fueran luego acusados por haber cumplido con su deber. La famosa ´puerta giratoria´ en el Juzgado llevó a que haya delincuentes sueltos y policías acusados, lo que llenó de dudas a los integrantes de la fuerza policial que sentían temor de cumplir con su labor».
La gacetilla que circuló en los medios el día 20 de octubre, también cuestiona las afirmaciones del Fiscal efectuadas en medios de comunicación en los cuales valoró “los escasos cuerpos de investigación con los que cuenta la Policía Provincial hoy” y expresó la necesidad de depurar a las fuerzas.
El comunicado de prensa emitido, sin firma, desde la Secretaría de Medios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, constituye un ataque a la legislación vigente, a las garantías constitucionales, implica una afrenta hacia la división de poderes y es contraria al artículo 19 de Declaración de los Derechos Humanos, que afirma que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Cualquier ciudadano, aun magistradas y magistrados o fiscales tienen derecho a expresar sus opiniones, por lo tanto cualquier intento de censurarlas resulta intimidatoria. Cuestionar que un fiscal o cualquier funcionario/a público opine en los medios masivos, atenta a la libertad de expresión. Y cuestionar que opine sobre temáticas o problemáticas de política criminal, de seguridad, o asuntos sensibles a la comunidad, es extremadamente grave.
El lamentable caso del asesinato Lucas Muñoz, y tantas muertes ocurridas en manos de la policía, no dejan dudas en relación a la necesidad de contar con una policía de formación democrática destinada a prevenir el delito y actuar conforme a nuestra leyes provinciales, nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Ningún rionegrino desconoce las falencias de la policía provincial, falencias que constituyen una deuda de nuestra democracia. Organismos defensores de DDHH y especialistas en la materia comparten las afirmaciones del Fiscal, y se han pronunciado oportunamente ante situaciones de violencia institucional recurrentes en la provincia; como también se han compartido criterios en lo que se refiere a la creación de un órgano de investigación al servicio de la justicia (Policía Judicial), que no esté a cargo de la policía provincial, en vista a la inminente puesta en funcionamiento del nuevo código procesal penal, en la que está prevista su creación.
